miércoles, 15 de febrero de 2012

La Verdad sobre el Cobre Chileno


La Verdad sobre el Cobre Chileno

El ex Senador Jorge Lavandero nos presenta el mini-documental «COBRE: Globalización y Crecimiento Empobrecedor», en el programa «Pensando Chile» (2000), de la Red de Televisión del Senado, agregando unas palabras al principio y al final.

«Queremos que reflexionen sobre este gran tema: mírenlo con gran atención, porque aquí está la clave de los grandes problemas de Chile», nos dice Lavandero.



La Verdad sobre el Cobre Chileno (Parte 1)


La Verdad sobre el Cobre Chileno (Parte 2)


La Verdad sobre el Cobre Chileno (Parte 3)

Organizaciones sociales se suman a denuncia por multimillonario desfalco en Codelco


alcayaga

En consideración del desfalco realizado en Codelco por 12 mil millones de dólares, que fuera denunciado por el economista Julián Alcayaga el 17 de enero en la Comisión Investigadora de Codelco de la Cámara de Diputados y dado a conocer en un reportaje de Revista Proceso de México y reproducida en CLARIN, la mañana de este 31 de enero representantes de una decena de organizaciones sociales entregaron una carta en La Moneda dirigida al Presidente Sebastián Piñera.


Luego de la entrega de esta carta el economista Alcayaga y otros dirigentes sociales hicieron declaraciones a la prensa.


CARTA A SEBASTIAN PIÑERA

Santiago de Chile, 31 de enero de 2012
Señor Sebastián Piñera:
Presidente de Chile
Presente

A través de la investigación acuciosa que el economista Julián Alcayaga ha realizado a los balances de Codelco, se ha logrado demostrar que en los últimos años que esta empresa ha habido pérdidas gigantescas producto de los malos manejos realizados por sus propios ejecutivos.

Por medio de esta misiva –que viene acompañada del informe presentado por Alcayaga a la Comisión investigadora de Codelco de la Cámara de Diputados- venimos a denunciar que estas pérdidas ascienden a más de 12 mil millones de dólares. Y que estas se originan en pérdidas en ventas a futuro; y por ventas por debajo del valor de mercado de cobre y subproductos como oro, plata, molibdeno, ácido sulfúrico.

Según consigna la prestigiosa revista Proceso de México, en reportaje Desfalco minero, firmado por Francisco Marín, publicado este 29 de septiembre, “El 40% de las pérdidas señaladas corresponderían a malos resultados en ventas a futuro en operaciones realizadas entre 2006 y 2011. El 60% restante se originó en ventas de cobre por valores inferiores a los de mercado lo que ocurrió en los ejercicios 2010 y 2011”.

Julián Alcayaga reveló –el 17 de enero- a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en qué consiste el desfalco y como llegó a descubrirlo. Informó que al analizar los resultados del 2010 de Codelco constató que el presidente ejecutivo Diego Hernández declaró a la prensa –que le dio gran cobertura- que estos había sido un éxito porque había aumentado las utilidades con respecto al 2009, “pero a mí me pareció inmediatamente que el resultado era catastrófico para Codelco comparando el año 2010 con el 2006. Esto, porque el 2010 tuvieron 5700 millones de dólares de utilidad, mientras que en 2006 estas fueron de 9.215 millones de dólares. Sin embargo –añade- el precio del cobre el 2006 era un 12% más bajo que el 2010. Por lo tanto las utilidades de 2010 tendrían que haber sido de 11 mil millones de dólares aproximadamente. Entonces estaban faltando 5 mil millones”, según se consigna en la citada publicación.

Las pérdidas en mercados a futuro salen expuestas en los balances oficiales de Codelco y no han sido negados por los ejecutivos de esta empresa. Entre 2006 y 2009 Codelco perdió 2.670 millones de dólares por este concepto. Y en 2010 las pérdidas fueron de 1042 millones de dólares. Entonces las pérdidas por mercados a futuro son de 4 mil millones de dólares entre el 2006 y el 2010 (gobiernos de Bachelet y Piñera).

Sin embargo, las pérdidas en mercados de futuro no es la única forma en que los ejecutivos de la estatal minera se estarían lucrando ilegalmente. Según Alcayaga en los ejercicios 2010 y 2011 se perdieron al menos 8 mil millones de dólares en ventas a menor precio de cobre y sus subproductos: oro, plata, molibdeno y ácido sulfúrico. Los resultados de Codelco por el ejercicio 2010 arrojan que los ingresos por venta son inferiores a lo que debieran ser, en función de la producción y precios del cobre y sus subproductos.

Cochilco informó el 27 abril de 2011 mediante oficio Nº 148 que en 2010 el monto por ventas de subproductos de cobre alcanzan un monto total 631,4 millones de dólares. Este monto de ventas es 2,3 veces menor que los 1.460,7 millones de dólares de ventas por este mismo tipo de subproductos en el año 2006; y 2,9 veces menos que los 1.836,1 millones del año 2008.

Esto no resulta ni razonable ni explicable –señala Alcayaga- puesto que tanto la producción como el precio de estos subproductos aumentaron en forma considerable, entre el 2006 y el 2010. El oro subió el 100%, la plata cerca de un 70% y el ácido sulfúrico más de un 300%. En 2006 los ingresos provenientes de los subproductos representaban el 42% de los ingresos, el 2010 sólo el 18%”, denuncia con tono enérgico el economista.

Se debe investigar las responsabilidades y los beneficiados con estas pérdidas. Sin embargo, desde ya podemos decir que usted como presidente de Chile tiene gran responsabilidad en lo sucedido. Esto, por nombrar director ejecutivo a Diego Hernández: un campeón de la evasión tributaria y de las pérdidas a futuro en las mineras que ha trabajado. Según reseña el corresponsal Francisco Marín en nota publicada en El Ciudadano, cuando Hernández -en 1995- era presidente de Minera Mantos Blancos S.A. perdió 49 millones de dólares en los mercados de futuro, cifra que significaba un cuarto de las ventas totales de dicha empresa, que ese año fueron de 198 millones de dólares. Proporcionalmente era una pérdida tres veces superiores a las que generó un año antes Juan Pablo Dávila, en Codelco, también por concepto de ventas a futuro: 170 millones de dólares, que representaron el 8% de las ventas en 1993. Dávila pagó con cárcel su delito que tanto daño le causó al fisco de Chile. Las “pérdidas” de Mantos Blancos evitaron que esta empresa pagara 24,5 millones de dólares en impuesto a la renta en Chile.

A pesar de haber tenido estas “pérdidas”, Hernández ha tenido una carrera exitosa: en 1996 fue nombrado presidente de Minera Collahuasi. Más tarde fue elegido presidente del patronal Consejo Minero. En 2004 fue designado máximo ejecutivo BHP Billiton en América Latina. En mayo de 2010 asumió la presidencia de Codelco. Sabido es que uno de los principales mecanismos para evitar pagar impuestos en Chile que tienen las empresas mineras, es declarar pérdidas operacionales, tal como lo demostró la Comisión Especial para la Tributación de las Empresas Mineras(2005).

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Con los al menos 12 mil millones de dólares perdidos por Codelco nuestro país hubiera podido financiar íntegramente las principales demandas que han movilizado a miles de chilenos en los últimos años: se hubiera podido dar educación gratuita a decenas de miles de chilenos. Además de haber condonado las deudas hipotecarias de miles de familias pobres; haber construido decenas de miles de viviendas para allegados y familias sin casa; además, haber financiado la reconstrucción de la totalidad de las viviendas y servicios destruidos por el terremoto; resuelto el problema de tierra y territorio para el pueblo mapuche; terminado de verdad las colas en el sistema de salud; entre muchas otras obras para las que hubiera alcanzado de sobra todo ese inmenso monto de dinero.

Los malos gobiernos que hemos tenido desde la vuelta a la democracia  permanentemente alegan falta de recursos para negarse a entregar los beneficios y derechos que legítimamente miles y miles de chilenos reclamamos.  Sin embargo, ahora sabemos que altos ejecutivos de Codelco desfalcan a todos los chilenos al dilapidar esos recursos que son de todos.

Estas prácticas que ahora denunciamos fueron realizadas en el Gobierno de Bachelet y se han profundizado en la actual administración, que está a su cargo Sr. Presidente. Por tanto, no nos extraña que ambas coaliciones políticas estén comprometidas en este desfalco, ya que ambas reciben prebendas de las grandes mineras privadas que operan en territorio chileno.

Por todo lo anterior, solicitamos:
1.- Que los máximos ejecutivos de Codelco involucrados en estas malversaciones sean demandados ante la justicia por sus actos. Mientras tanto, que toda la plana mayor de Codelco sea destituida inmediatamente para favorecer la investigación de los hechos. El actual ministro de mineríaHernán Solminihac también debe ser destituido lo mismo que el anterior ministro del ramo Laurence Golborne.

2.- Que usted presidente Piñera explique al país en forma clara lo sucedido. Que se desmarque de estos ilícitos lo que implica un cambio radical en las políticas del cobre que demuestre que usted no ampara el desfalco antes expuesto. Es imprescindible que, para que lo anterior suceda, que nombre ejecutivos de intachable trayectoria y comprometidos con el interés de Chile.

3.- Le pedimos al Gobierno que en un plazo de 15 días emita un informe que aclare cuáles han sido las multinacionales que se han favorecido por este desfalco;

4.- Si alguna de las empresas extranjeras de cobre que operan en Chile son parte de los beneficiados con este  desfalco, exigimos que se les caduquen las concesiones mineras, sean expulsadas del país y se les confisquen todos sus bienes para recuperar lo robado por ellas.

Es necesario recuperar algo dignidad perdida con la entrega gratuita de nuestros recursos y con el accionar de los gerentes de Codelco que sirven a multinacionales saqueadoras que nos han robado por décadas.

Julián Alcayaga – ONG Recuperemos el Cobre para Chile
Roxana Miranda – Andha Chile Democrático
Guillermo González – Movimiento de Pobladores en Lucha
José Osorio - Democracia para Chile (espacio en el que participan más de 80 organizaciones sociales)
Carolina Guzmán – Partido Igualdad

Evo Morales: Chile le devolverá el mar a Bolivia por la vía bilateral o con una demanda internacional


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El presidente boliviano, Evo Morales, afirmó que Chile le devolverá el mar a Bolivia por la vía bilateral o con una demanda internacional, en un reclamo que ya lleva más de 100 años, informa la agencia AFP.


"No descarto, aun todavía tengo confianza en el presidente del gobierno de Chile (Sebastián Piñera) para resarcir el daño histórico y si no es por unas relaciones bilaterales, entonces es con demanda internacional a los tribunales", afirmó Morales en un acto público de la Marina boliviana.

Bolivia y Chile se enfrentaron en una guerra en 1879. Los bolivianos perdieron y cedieron toda su costa, unos 400 km sobre el océano Pacífico, y las dos naciones carecen de relaciones diplomáticas desde 1978.

Ambos países comenzaron en 2006 un diálogo bilateral a nivel de vicecancillerías sobre una agenda de 13 puntos con el asunto marítimo de por medio, pero se suspendió el año pasado, luego de que La Paz anunciara que llevaría su causa a un tribunal, probablemente a La Haya.

Morales afirmó que "existen dos gestiones para que Bolivia pueda retornar al mar con soberanía", una por la vía bilateral y otra con la demanda internacional -aún sin fecha-, con la certeza de que Bolivia retornará, según él, a las costas del Pacífico.

"A los comandantes de la Armada (Marina): decirles que deben estar preparados para navegar nuevamente en el mar, tarde o temprano retomaremos el mar", aseguró el gobernante.

Chile considera que no tiene asuntos pendientes con Bolivia, pues argumenta que ambos países firmaron un tratado de paz y límites en 1904.

El gobernante boliviano también destacó el acuerdo de integración marítima que firmó en 2010 con su entonces homólogo peruano, Alan García, aunque el mismo está pendiente de ratificación en el Congreso de Lima.

"Saludamos al gobierno de Perú por las facilidades que nos da para poder entrenar en Ilo (puerto sureño peruano), esperamos que el Parlamento peruano pueda aprobar estos acuerdos bilaterales realizados con el gobierno anterior de Alan García", acotó.

Fidel Castro llama a apoyar las ideas de Camila Vallejo


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En un análisis a la contingencia internacional durante la presentación de sus memorias, el líder cubano destacó el liderazgo de Camila Vallejo e hizo un llamado a valorar sus ideas respecto de la educación.



En el marco de la presentación de sus memorias, el ex Presidente de Cuba, Fidel Castro, se refirió a las protestas de los estudiantes chilenos y destacó el rol de Camila Vallejo como líder del movimiento, informa la Radio Universidad de Chile.

“Debemos apoyar las ideas de la joven chilena en el sentido de luchar para que la educación alcance igual para todos. Que no sea solo una educación general y gratuita, sino preocuparnos por lo que se enseña”, dijo.

Castro analizó la contingencia internacional y afirmó que “ya no hay espacio solo para los intereses nacionales, si no están enmarcados en los intereses mundiales. El deber nuestro es luchar hasta el último minuto, por nuestro país, por nuestro planeta y por la humanidad”, en referencia a la relación de América Latina con el Medio Oriente.


El dirigente también saludó a los familiares de los cinco agentes cubanos condenados por espionaje en Estados Unidos y señaló que son “héroes por su labor de vigilancia de los grupos anticastristas en Miami”.

Sus memorias “Guerrillero del tiempo”, conversaciones con la periodista Katiuska Blanco, abarcan desde su infancia hasta 1958, previo al triunfo de su revolución y constituyen dos tomos publicados por la editorial Abril.

Líderes estudiantiles piden ayuda a la ONU para frenar la represión en Chile


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La onda expansiva de la movilización estudiantil en Chile tuvo su impacto en Ginebra a instancias de la lider estudiantil, Camila Vallejo, quien presentó sus denuncias contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera a otras dos mujeres, responsables importantes de Naciones Unidas: la sudafricana Navi Pillay, Alta Comisionada para Derechos Humanos, y la uruguaya Laura Dupuy, presidenta del Consejo de Derechos Humanos.


"El movimiento estudiantil es hoy un movimiento social que representa al pueblo chileno, y demuestra el fracaso del modelo neoliberal, que reprime las manifestaciones pacificas con detenciones ilegales, y apremios ilegítimos que violan los tratados de la ONU de derechos humanos ratificados por Chile", abrevió Vallejo ante periodistas en Ginebra.


Forjada en las luchas que el año pasado jaquearan al gobierno del conservador Piñera, Vallejo pidió a sus dos interlocutoras de Ginebra que obren para enviar a Chile en misión de establecimiento de hechos y protección de víctimas, a los "relatores" por el derecho a la educación, contra la tortura y la extrema pobreza, y al "grupo de trabajo" sobre detenciones arbitrarias. Documentó acusaciones sobre lo que viene aconteciendo en su país y manifestó su oposición a que el lastre represivo se cristalice en la Ley Hinzpeter, la cual porta el apellido del ministro del Interior, de nombre Rodrigo, quien según sus detractores, impulsa ahora en el parlamento reforzar el dispositivo penal "antiterrorista" ya existente.

La demanda de Vallejo intenta sensibilizar a las dos funcionarias que pueden motivar y poner marcha los "procedimientos especiales" de la ONU, como se denomina a los "relatores" y "grupos de trabajo" en materia de derechos individuales y libertades públicas. Se trata de expertos independientes ungidos por el Consejo de Derechos Humanos, organo constituido por 47 Estados elegidos anualmente mediante el voto secreto de la Asamblea General. Esos expertos, de reconocida autoridad moral, trabajan a título honorario y llevan a cabo sus tareas con el apoyo logistico de la Alta Comisionada, e informan al Consejo de sus visitas, para que eventualmente disponga medidas.
"La Ley Hinzpeter pretende criminalizar la protesta social pacífica, prohibiendo la ocupación de calles, de establecimientos y espacios públicos y comerciales; también la interrupción del trafico de autos y la circulación de personas, y apunta a los autores y a los que convocan las manifestaciónes", afirmó Vallejo.

La iniciativa de esta nueva norma convalidaría "la practica sistemática de la represión", para "profundizar la desigualdad" y mantener la impunidad en Chile, bajo el paraguas de la Constitución Nacional elaborada por la dictadura de Pinochet en 1980, todavía en vigor, explicó Vallejo. Como prueba entregó a la ONU el dato que el actual jefe de policía (carabineros), el general Gustavo González Juré, asesinó al menor de 14 años Sergio Albornoz, el 30 de agosto de 1988, aún en épocas del régimen militar, y continua en actividad.

Vallejo recordó las reivindicaciones que gestaran la protesta estudiantil y le dieran fama internacional. Prometió seguir bregando para "recuperar la educación pública" en Chile, que debería ser "un derecho universal" sin restricciones, no "un bien de consumo", fruto de un negocio. Criticó al sistema educativo vigente, que a causa de la privatización, convierte al alumno en un cliente. "Queremos una educación pública, gratuita, democrática y multicultural", concluyó.

Piñera contra los mapuche


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Valparaíso.- El extenso conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche entró en fase crítica. La chispa la encendió, hace un mes, el Gobierno al culpar a la organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de ser autora del incendio forestal que derivó en la muerte de 6 brigadistas que combatían el fuego.


Esto ocurrió el cinco de enero en un predio de Forestal Mininco (grupo Matte) ubicado en el municipio Carahue (Provincia de Cautín, Región de la Araucanía).


“Tenemos información confiable que nos hace presumir que detrás de estos incendios ha habido intencionalidad criminal y, en consecuencia, creemos que debemos combatir no sólo los incendios sino a los criminales que presuntamente están detrás de ellos”, dijo aquel día el presidente Sebastián Piñera en La Moneda. El mandatario anunció en la ocasión la utilización de la ley antiterrorista contra quienes resultaran responsables del señalado incendio.

Al atardecer de ese cinco de enero Hinzpeter dio claridad respecto del sentido que tenían las palabras del Presidente. “Hace pocos días –dijo el ministro- se destruyó un helicóptero destinado a apagar incendios forestales. Y ese atentado terrorista fue reivindicado por la CAM. A partir de eso uno puede conjeturar y decir quién está detrás de incendios que pueden ser intencionales''.

Un día después, Hinzpeter presentó la querella criminal por “incendio terrorista” ante el Juzgado de Letras de Carahue invocando la citada normativa de excepción.

La CAM, través de un comunicado redactado desde la cárcel El Manzano, de Concepción, por su líder Héctor Llaitul, negó cualquier responsabilidad de su organización en el mencionado incendio. Sostuvo que dichas acusaciones “buscan consolidar la aplicación de la ley antiterrorista como una herramienta válida para enfrentar a todos los movimientos sociales chilenos, anticipándose a un año en el que se vislumbra con mayores movilizaciones y luchas”.

Llaitul cumple una pena de 25 años de encierro por liderar una supuesta emboscada contra un fiscal del Ministerio Público que habría ocurrido en octubre de 2008, acusación que Llaitul niega.

El hecho que la intensión de Piñera y su Gobierno era criminalizar a los mapuche quedó en evidencia dos semanas después de ocurrida la tragedia. El 18 de enero la policía encontró a los responsable de los incendios. Se comprobó que estos no eran los campesinos chilenos: Jorge Aburto y Jorge Urrutia, que se dedican a la fabricación de carbón. A estos se les escapó el fuego mientras realizaban sus labores productivas. Al percatarse de esto el gobierno se desistió de la querella por Ley antiterrorista. 

Cabe tener presente que desde el retorno a la democracia, en 1990, la Ley Antiterrorista ha sido aplicada casi exclusivamente contra los mapuches. Al menos 220 personas de este pueblo originario han sido condenadas o procesadas en virtud de su aplicación.

En entrevista con Apro el destacado abogado Nelson  Miranda señaló que “la estrategia del Gobierno de achacar la culpa de los incendios a los mapuche busca, entre otras cosas, ocultar el desastre ambiental y social provocado por las forestales que con sus extensos monocultivos han secado el territorio mapuche siendo una de sus consecuencias los incendios forestales”. 

El jurista dice que a partir de estas acusaciones “se ha tejido toda una maniobra comunicacional que busca más que nada encarcelar a la mayor cantidad de mapuche posibles como ha quedado comprobado en las últimas semanas en las que ha habido numerosas formalizaciones judiciales en la zona de Malleco las que no han llegado a ningún puerto porque los montajes eran demasiado burdos”.

Miranda cita como ejemplo de esto el caso de Javier Levinao Esparza quien el 1 de febrero fue formalizado judicialmente en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Collipulli. La Fiscalía local lo acusó de haber provocado - en octubre pasado- un incendio en el sector Chiguaihue de la comuna de Ercilla (Malleco). Al carecer de pruebas, la misma Fiscalía solicitó su libertad seis días después. Esto ocurrió luego que el abogado Miranda demostró que el día y a la hora de iniciado el mencionado incendio Levinao se encontraba trabajando en la construcción de un camino muy cerca de su comunidad como se podía verificar en el libro de ingreso a las faenas.

Desacato policial

La acusación contra la CAM fue convertida por no pocos medios de comunicación masiva como una acusación contra los mapuche. A partir de esto se fue generando una campaña encubierta en contra de las comunidades que reivindican la devolución de tierras ancestrales.

Esta campaña dio el piso para una fabulosa ofensiva de la policía militarizada en contra de decenas comunidades en conflicto con el Estado y con las grandes empresas forestales.

La comunidad José Guiñón, del Municipio Ercilla (Provincia de Malleco) 
fue asaltada el 8 de enero por unos doscientos policías quienes entraron disparando bombas lacrimógenas y balines de goma y plomo. La violencia de los hechos fue tal que generó las protestas de importantes organismos y personeros de renombre mundial. 
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en carta al presidente Piñera fechada el 18 de enero, expresó que  “a raíz de la exposición a las bombas lacrimógenas lanzadas a su hogar, Teresa Millaqueo, integrante de la comunidad José Guiñon y con ocho meses de embarazo tuvo que ser atendida de emergencia en el Hospital de Victoria, con un cuadro clínico de grave intoxicación, después de haber inhalado los gases y esperado hasta dos horas para la llegada de la ambulancia. Otro comunero, José Mariman Loncomilla, se asomó por la puerta al escuchar los tiros, y fue entonces cuando recibió los disparos en el estómago y en el brazo que le dejaron heridas de balas de goma”.

La operación contra la comunidad José Guiñón fue dirigida por el tristemente célebre jefe de la Novena Zona de Carabineros, general Iván Bezmalinovic. 
Con este violento proceder Carabineros desacataba un amparo judicial ordenado por la Corte de Apelaciones de Temuco –el 21 de diciembre de 2011- en el que se acogía la solicitud presentada por el abogado Miranda en representación de la asediada comunidad Wente Winkul Mapu (Malleco) la que ha sido continua y violentamente allanada por fuerzas policiales en los últimos meses. La sentencia de la Corte dispone que Carabineros de Chile “no deberá emplear ninguna forma de fuerza o coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos” prohibiendo específicamente el uso de lacrimógenas. La Corte ordenó también a Carabineros no ocupar violencia desmedida en contra de mujeres, niños y ancianos, y declaró que los ataques contra la comunidad Wente Winkul Mapu eran ilegales. Esta sentencia supuso un gravísimo revés a la estrategia represiva del estado para con los mapuches. 

Miranda nos señaló que en uno de los allanamientos a la citada comunidad “participaron entre 200 y 300 efectivos policiales provistos de tanquetas, helicópteros. Hubo abundante lanzamiento de bombas lacrimógenas, disparos de perdigones de goma y de plomo, y resultaron heridos 3 comuneros, dos de ellos mujeres”. Resulta llamativo que todo aquel despliegue militar tuvo como excusa la búsqueda de animales robados a colonos chilenos delitos que tampoco fueron probados. 

Los sucesos antes relatados parecen no ser la excepción sino la regla desde que Piñera lanzara las acusaciones contra los mapuches. El 11 de enero unos 250 efectivos de Carabineros asaltaron la comunidad mapuche José Jineo Ñanco (Provincia de Cautín) en busca de manifestantes que bloquearon la carretera Panamericana 12 kilómetros al sur de Temuco (capital de la Región de la Araucanía), en protesta por la inminente construcción de un aeropuerto en lo que ellos consideran es territorio mapuche.

El hecho trascendió debido a la difusión que los afectados hicieron de un video en que se muestra a un carabinero golpeando con su fusil a una mujer desarmada que portaba un bebe en sus brazos.

Otra decena de comunidades han sido allanadas en las últimas semanas. Este clima de represión ha tenido como respuesta un incremento en las movilizaciones de comuneros mapuches. 
El lunes 30 de enero miembros de la comunidad autónoma de Temucuicui (Malleco) ingresaron a un fundo colindante a su propiedad y después de realizar una rogativa, instalaron un rewe (tótem) señalizando de esta manera el recinto sagrado donde se realizarán las distintas ceremonias. Mediante un comunicado dado a conocer ese mismo día sostuvieron que esa actividad se realizaba “dentro del marco de recuperaciones de tierras realizados por las comunidades mapuche”.
Tres días antes la comunidad Ahilla Varela, anunció que haría “ocupación permanente y definitiva del Fundo Curaco” (provincia de Malleco) que reclaman como propio. 
Sucia política

El abogado Miranda sostiene que el Gobierno, junto con la criminalización de la protesta mapuche, está realizando acciones destinadas a hacer entrar en disputas intestinas al pueblo mapuche. “Lo que está pasando, que es muy peligroso para el desarrollo de la vida tranquila de los comuneros, es que el Gobierno está entregando tierras ancestrales reclamadas por determinadas comunidades, que están actualmente ocupadas por colonos o por empresas forestales, a comunidades empobrecidas de zonas alejadas”. Miranda asegura que está práctica se está extendiendo en toda la Provincia de Malleco que es “la zona roja del conflicto”. 

Es lo que ocurrió con la comunidad Wañako Millao la que el 8 de febrero fue informada que las 300 hectáreas del fundo La Estrella ( en reclamación) fueron compradas por el Estado -a través de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena- y entregadas a una comunidad mapuche de la zona de Lautaro (Provincia de Cautín). 

Según se afirma en un comunicado emanado aquel mismo día por la Alianza Territorial Mapuche “la comunidad Wañako Millao no permitirá que sus tierras sean nuevamente ocupadas de manera arbitraria siendo el Gobierno el responsable único de cualquier hecho inesperado que pueda ocurrir”. La Alianza Territorial aseguró que con esta práctica se reiteran los mismo vicios cometidos por los gobiernos anteriores con las consecuencias nefastas que ello ha significado entre las comunidades”. 

Los comuneros de Wañako Millao ocuparon ese mismo día el señalado fundo. Un día después arribó al lugar un importante contingente policial siendo muy probable el desencadenamiento de enfrentamientos entre las partes en conflicto.

Miranda dice que los reveses judiciales y las derrotas comunicacionales han conseguido frenar parcialmente la represión en el territorio mapuche. Sin embargo, asegura que “en el Wallmapu –territorio mapuche- hay una ocupación militar horrible”. Ampara sus dichos en el hecho que las fuerzas de la policía tienen una especie de campamento militar en las cercanías de la comunidad de Chequenco que está habitualmente provista de helicópteros, tanquetas, carros lanza gases y numerosos vehículos de traslado de efectivos. “Las camionetas –asegura Miranda- las pone la empresa Forestal Mininco (grupo Matte) para que la utilice la policía militarizada como ha quedado demostrado en los diversos procesos judiciales. Esto demuestra que los policías chilenos ofician de empleados de las forestales”. 
Aunque los conflictos más violentos se producen en Malleco, es todo el territorio mapuche el que se encuentra convulsionado. En la Provincia de Arauco las comunidades mapuches se encuentran movilizadas en defensa del Lago LLeu LLeu (de carácter sagrado para los mapuches) ante la amenaza de emplazamientos auríferos. En la Región de los Ríos cientos de mapuche huilliche resisten la ya iniciada construcción de una represa hidroeléctrica sobre el río Pilmaiquén. Situación similar es la que se vive en Neltume donde la transnacional Endesa, con el apoyo del Estado, intenta construir una megarepresa.
*Artículo publicado en Agencia Proceso (Apro) de México. Reproducido en CLARIN con autorización de su autor.

Fuego cruzado por responsabilidades políticas en maremoto


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El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, adhirió este lunes a las críticas que han lanzado diversos representantes de la Alianza en torno al rol que tuvieron las autoridades en el retraso de la implementación de la alarma de maremoto el 27 de febrero de 2010, informa la Radio Universidad de Chile.


Esto, luego que la fiscal a cargo de las investigaciones, Solange Huerta, solicitara el viernes pasado formalizar al ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende y a la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) por cuasi delito de homicidio, junto a otras seis personas, entre las que se cuentan el ex director del SHOS, Mariano Rojas.


“Cuando uno es parte de un equipo, simplemente decir a mí ese día no me correspondió o no tuve nada que ver, no es quizás la forma en deben enfrentarse este tipo de desafíos. Respecto a las responsabilidades políticas uno siempre tiene que pensar que también comprenden y comprometen a todo un equipo que estaba a cargo de la emergencia. Las responsabilidades penales las establecen los tribunales”, dijo el jefe de gabinete después de su primera actividad de regreso de vacaciones.

Hinzpeter afirmó además que será la ciudadanía la que se hará un juicio respecto de lo que sucedió esa madrugada. “Creo que el país – y esto es lo más importante -  se va a formar una opinión respecto de las responsabilidades políticas que puedan haber. ¿Y sabe cuándo se ejercen y que se hacen nítidas estas responsabilidades políticas? Bueno, en la elecciones. Ese es el momento en que los ciudadanos hacen valer sus juicios”, sostuvo.

Sin embargo, desde la otra vereda, uno de los abogados querellantes, Alfredo Morgado, comentó que “por las víctimas” no es conveniente “politizar” este tipo de investigación. “El fin de semana se vio a un sector y de otro, de la oposición y de parlamentarios de Gobierno, tratando de sacar cuentas entre ellos y llevar agua hacia sus propios molinos políticos, sobre todo cuando nos avecinamos a periodos electorales, y eso no es conveniente. Yo me quedo con el trabajo que está haciendo la Fiscalía”, indicó el jurista.

El abogado descartó de plano cualquier responsabilidad de la ex Presidenta Michelle Bachelet en la eventual negligencia para decretar la alarma por maremoto. “Desde la perspectiva jurídica, ella no tiene responsabilidad en lo que respecta a la estructura del organigrama que se forma frente a estas situaciones de emergencia y desde las perspectivas fácticas, ella es la primera persona que cuestiona, incluso duramente, todo el manejo de información que se estaba llevando a cabo y todas las contradicciones que existían, entonces, claramente, ella no tiene responsabilidad”, comentó a una emisora.

Finalmente, el jurista se mostró contrario a citar a declarar en calidad de testigos al Presidente Sebastián Piñera y al ministro Hinzpeter, como lo solicitó su colega Raúl Meza, porque afirmó que no es mucho lo que pueden aportar al haber llegado al día siguiente a la Onemi.